Carta abierta de José Luis Bonet y Juan Rosell

Carta abierta de Jose Luis Bonet y Juan Rosell

Las elecciones del 27 de septiembre son cruciales para el futuro de Ca­talunya y de España. De la mayoría resultante de los comicios, puede derivar la apertura de un proceso que modificaría radicalmente nuestro sistema institucional y que tendría repercusión directa en las empresas y los trabajadores.

Como empresarios, no queremos, ni de­bemos, entrar en la discusión política y respetamos escrupulosamente el funcionamiento de las instituciones políticas y la expresión de la voluntad popular. Pero sí podemos exigir a los partidos políticos que expongan con claridad a la ciudadanía las consecuencias de sus propuestas para que los votantes acudan a las urnas con pleno conocimiento de causa.

Nosotros mismos, desde las empresas, debemos propiciar un debate racional con nuestros ­colaboradores (trabajadores, clientes, proveedores¿) sobre estos asuntos que son de indu­dable trascendencia para su bienestar y el de sus familias. Los empresarios tenemos que dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de explicar a la sociedad los riesgos que pueden presentarse.

Después serán los ciudadanos, lógicamente, quienes decidan si quieren o no asumirlos.

Vivimos en un mundo cada vez más complejo y globalizado, digital, en el que las relaciones de interdependencia entre los distintos actores económicos y sociales son cada vez más acusadas. La integración y la cooperación son indispensables para hacer frente a los retos que puedan plantearse en el futuro: las 220.000 empresas que suman más de dos millones de trabajadores y los más de 500.000 autónomos en Catalunya están fuertemente interconectados con los del resto de España en sus relaciones comerciales diarias tanto cliente-proveedor como proveedor-cliente. La mayoría son pequeñas, algunas medianas, muy pocas grandes y, en menor medida, multinacionales que configuran el tejido empresarial catalán y español. Como se ha visto durante la reciente crisis económica, formar parte de una estructura institucional y económica como la Unión Europea y la zona euro proporciona mecanismos de defensa y solidaridad para hacer frente a los problemas, aun a costa de la pérdida de soberanía nacional. Extra­polando la situación a Catalunya, la per­tenencia al Estado español le dota de ins­trumentos de los que carecería fuera de él. El futuro en mayúsculas es Europa y estamos ya a mitad de camino. No podemos, ni debemos, volver atrás.

Observamos con preocupación cómo el debate racional con datos objetivos se sustituye a menudo por argumentos emocionales que privan al ciudadano de la información necesaria para tomar sus decisiones, obviando aspectos tan sensibles como el respeto a la Constitución, el Estatuto y a las leyes, todas mejorables, en las acciones de futuro que se anuncian y las graves consecuencias de una ruptura de hecho con las instituciones del Estado y de la Unión Europea.

Nadie puede negar que la secesión tendría consecuencias en la actividad económica de Catalunya y es sobre esos efectos concretos sobre los que debería discutirse. Lo que nos preocupa es cómo repercutirían las decisiones políticas en el bienestar económico y social de los catalanes.

Estamos recuperando el nivel de PIB que teníamos antes de la crisis pero nos queda mucho camino para crear el empleo sufi­ciente como para decir que estamos bien. Crear más empleo y riqueza es nuestro único objetivo aquí y ahora. No podemos perdernos en sueños de muy dudosa realización. Son muchos los catalanes, los españoles, incluso los europeos que sufren la crisis a diario. No podemos defraudarles.

La primera pregunta que habría que responder es qué encaje tendría ese nuevo Estado en la Unión Europea. Y se debe responder con contundencia y claridad, y con total honestidad, ya que fuera de la UE y el euro la supervivencia se antoja complicada. La Europa de los estados no está pensada para que sus miembros se fragmenten.

Para empezar, Catalunya quedaría fuera del euro y tendría serios problemas para financiarse porque no podría recurrir al Banco Central Europeo o al Mecanismo Europeo de Estabilidad y sus emisiones de deuda se verían fuertemente penalizadas.

Las exportaciones catalanas se verían afectadas, ya que se encarecerían y perderían competitividad. Los productos catalanes que se vendieran en Europa pasarían a estar gravados por la tarifa exterior común que se aplica a los estados no comunitarios y los que se vendieran en terceros países dejarían de beneficiarse de las cláusulas de trato preferencial suscritas por la UE.

También se resentirían las inversiones en Catalunya, que podrían retraerse en un escenario de inseguridad jurídica y financiera, produciéndose deslocalizaciones, ya que las empresas buscarían enclaves más estables para sus filiales. Revertir esos procesos sería largo y complicado porque cuando una zona pierde atractivo (seguridad jurídica, estabilidad política, financiera¿) para los inversores, es difícil recuperarlo. Pensemos simplemente en las multinacionales ubicadas en Catalunya y que dan trabajo, como mínimo, al 10% de los trabajadores. Hay docenas de opciones esperando cualquier despiste de una zona atractiva como es hoy Catalunya.

Y todos estos factores se traducirían en una menor actividad económica y, por tanto, menos empleo y unas peores condiciones de vida. El proceso soberanista afectaría particularmente a las pymes, al pequeño comercio y a los autónomos, ya que una reducción de la capacidad de consumo del ciudadano tendría una incidencia directa sobre sus negocios. Podríamos volver a situaciones como las vividas por la crisis de los últimos años.

Como empresarios sabemos lo necesario que es disponer de un escenario estable y previsible para tomar decisiones de in­versión y no debemos entrar en una etapa de graves incertidumbres que afecten a la si­tuación económica. Por tanto, deberíamos plantearnos concentrar nuestras energías en aprovechar los cauces de diálogo, que en todo caso deben abrirse, para mejorar el encaje de Catalunya en el Estado, para que se reconozca plenamente la importancia de su aportación al resto de España y su peso institucional.

En estos momentos, aunque ­todavía no se han superado to­talmente las consecuencias de la crisis, existen evidencias de re­cuperación y se vislumbra la posibilidad de un importante crecimiento en los próximos años en la economía española, gracias sobre todo a las expectativas de salida al exterior de muchas pequeñas y medianas empresas que han visto la necesidad de adaptarse a la globalización mediante su internacionalización. Debemos concentrarnos en recuperar actividad económica y la creación de puestos de trabajo para las nuevas generaciones, evitando cuidadosamente añadir incertidumbres a un entorno internacional que está lejos de estabilizarse. Tenemos la capacidad y el potencial necesario para ello.

Esto será posible en el marco actual de una Catalunya líder de exportación en ­España y dentro de la Unión Europea, siempre que se den ciertas condiciones: ­estabilidad política y social, existencia de planteamientos constructivos y alianzas, y, de manera inexcusable, pertenencia a la UE en tiempos de creciente globalización. Las instituciones deben aglutinarse al servicio de las empresas y el Gobierno debe impulsar ­objetivamente las inversiones públicas ne­cesarias para el desarrollo de Catalunya y ­explicarlas objetiva y racionalmente. Y después ejecutarlas.

Es el momento de la política de Estado, capaz de adaptar lo que fue un exitoso pacto constitucional a la necesidad de corregir errores y desviaciones, y sentar bases de convivencia de futuro para asentar el progreso económico y social del conjunto de España y de cada una de sus comunidades y naciona­lidades.

La política es el arte del pacto y no un instrumento de enfrentamiento y discordia, estamos convencidos de que nuestros políticos tienen la capacidad y la preparación para acometer las reformas necesarias y que las posiciones partidistas cederán ante intereses de mayor envergadura.

Nunca es tarde para recuperar el diálogo que pueda propiciar una negociación de un pacto. Más aún, en esta hora parece la única opción válida. Somos muchos los que nos sentimos catalanes, españoles y europeos. Y no queremos renunciar a ninguna de esas tres condiciones.

Fuente: La Vanguardia