Hacia una necesaria regulación más eficiente
Artículo de Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España en El Economista
Madrid, 03/11/15. La actividad económica necesita desenvolverse en un escenario con una regulación estable y eficiente, que aporte certidumbre y sin cargas innecesarias para ciudadanos y empresas. Cada vez más, el contexto regulatorio es un importante factor explicativo de la capacidad competitiva de las compañías, especialmente de las pymes.
En los últimos años se ha prestado especial atención internacional a mejorar la regulación existente y a la simplificación administrativa, aplicando políticas prioritarias conocidas como Better Regulation o Smart Regulation.
En el ámbito español, cabe destacar los nueve acuerdos de Consejo de Ministros para la reducción de cargas burocráticas, la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado o los trabajos en el marco de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), entre otras medidas.
Como consecuencia, España ha escalado posiciones paulatinamente en la escena mundial en cuanto a eficiencia de su regulación empresarial. Según el informe Doing Business 2016 del Banco Mundial, recientemente publicado, nuestro país ocupa la posición 33ª entre las 189 economías analizadas, un puesto por encima de la clasificación del año precedente y 29 puestos mejor que en 2010.
Mención destacada merece nuestra posición global en el comercio transfronterizo: España es el país con la regulación más eficiente en los intercambios comerciales. Un año más mantenemos el liderazgo, requiriéndose únicamente una hora para la gestión documental de la exportación o la importación de mercancías. También son resaltables los avances experimentados en el último ejercicio en los procedimientos asociados al pago de impuestos, la protección de los inversores minoristas o, en menor medida, la obtención de electricidad.
No obstante, España aún se sitúa ligeramente por debajo del promedio de los países de la OCDE de renta alta. Además, en aspectos como la apertura de una empresa (posición 82ª en 2016 frente a 78ª en 2015) o la obtención de permisos de construcción (101ª frente a 97ª), a la modesta situación en el ranking se añade el deterioro en el último año.
El Banco Mundial ha complementado esta información con el detalle en las Comunidades Autónomas españolas. Como resultado, se pone de relieve la notable heterogeneidad en el marco regulatorio a escala regional, con La Rioja y Madrid como las zonas donde es más fácil hacer negocios.
Tanto a escala global como autonómica es posible identificar buenas prácticas, cuya aplicación al conjunto del país propiciaría una sustancial mejora en la calidad de la regulación económico-empresarial y, en consecuencia, un aumento de nuestra competitividad. Este aprovechamiento exige continuar con los esfuerzos para estrechar la cooperación entre las diferentes Administraciones, combinado con la implantación permanente de los avances tecnológicos para la tramitación de los procedimientos y con un mayor impulso de la colaboración público-privada.
En este último aspecto, la red de Cámaras de Comercio es un sólido aliado estratégico para garantizar el diálogo eficaz entre el sector público y el tejido empresarial. Gracias a su capilaridad territorial y su cercanía a la empresa, las Cámaras españolas colaboran activamente con las Administraciones en la identificación de los trámites más gravosos para la actividad productiva y en la concreción de propuestas de simplificación burocrática y mejora de la regulación.
Otro ejemplo de esta colaboración son las Ventanillas Únicas Empresariales (VUEs) de las Cámaras, en proceso de integración en la red de Puntos de Atención al Emprendedor (PAEs), que desde 1999 han tramitado la creación de más de 121.000 empresas, con un empleo estimado asociado de más de 181.000 personas, y atendiéndose 470.000 consultas para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En suma, España está transitando por el camino adecuado para disponer de un contexto favorable a la inversión, la innovación, la internacionalización y, en definitiva, la actividad económica.
Pero el impulso no debe cesar, especialmente en un país con una configuración político-administrativa tan singular como el nuestro. Con el apoyo de instituciones intermedias como las Cámaras de Comercio, la regulación eficiente e inteligente debe buscar el equilibrio entre la necesaria modernización de las normas y la carga soportada por las empresas, condición necesaria para nuestra competitividad.