Valoración de la Cámara de España sobre la adecuación de criterios monetarios para determinar el tamaño de las empresas y ajustarlos al efecto de la inflación
Madrid, 22/02/24.- La Cámara de Comercio de España considera positiva la reforma normativa que va a llevar a cabo el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para elevar los criterios monetarios que determinan el tamaño de las empresas o grupos y ajustarlos al incremento de la inflación reciente, ya que contribuirá a la reducción de las cargas burocráticas a las que tienen que hacer frente las pymes y supondrá la exención de determinadas obligaciones de información.
En particular, algunas pymes podrán acogerse a la presentación de las cuentas anuales de forma abreviada (o, incluso, se podría dar la extinción de la obligación para determinadas pymes de auditar sus cuentas anuales), y se reducirá el ámbito de aplicación de la obligación de presentar el informe de sostenibilidad.
La inflación actúa como factor distorsionante de la información financiera de las empresas. En particular, la contabilidad de las compañías se expresa en términos nominales, es decir, incorporando el efecto de la inflación. Estos registros contables son la base de aplicación de las diversas normas mercantiles y fiscales que deben atender las actividades empresariales.
Por tanto, una inflación elevada y persistente, como la sufrida durante los últimos ejercicios, incrementa las bases contables (nominales) de las compañías de modo ficticio, no en términos reales, lo cual deriva en la superación de ciertos umbrales monetarios establecidos por la normativa, a los que se asocian mayores obligaciones y requerimientos regulatorios y administrativos.
Estas reformas se derivan de la Directiva Delegada (UE) 2023/2775 de la Comisión, de 17 de octubre de 2023, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al ajuste de los criterios de tamaño de las empresas o grupos de tamaño micro, pequeño, mediano y grande, modifica el artículo 3 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, ajustando y redondeando en un 25% los umbrales referidos en dicho artículo para tener en cuenta la inflación.
En particular, será necesario modificar, por un lado, el Código de Comercio y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que contienen las disposiciones derivadas de la transposición de la Directiva 2013/34/UE y, por otro lado, la Ley de Auditoría de Cuentas, que incorpora esos mismos parámetros para definir las sociedades pequeñas y medianas a efectos de dicha ley, así como las disposiciones reglamentarias de desarrollo que se refieren a estos umbrales, en concreto, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de PYMES y el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
El tamaño no es un rasgo neutral para las empresas: el acceso a ciertos recursos o tecnologías que permitirá la mejora de la productividad, las posibilidades de acceso a mercados internacionales que a su vez hacen posibles crecimientos adicionales de la productividad o las posibilidades de desarrollar estrategias de innovación (que permiten consolidar la posición en el mercado al diferenciar el producto, aumentar la productividad, etc.), están condicionadas por la dimensión de la empresa. De este modo, el tamaño limita la capacidad de internacionalización o la innovación de las empresas, aspectos fundamentales para el crecimiento y la consolidación de la actividad productiva; y está directamente relacionado con la productividad y la competitividad de la empresa.
Diversos análisis identifican la existencia de umbrales que dificultan el crecimiento del tamaño empresarial. Por lo general, estos umbrales están relacionados con legislación de carácter mercantil, fiscal, laboral, etc., y se corresponden con la diferente regulación y burocracia (y el coste asociado a su cumplimiento) a la que tiene que hacer frente la empresa cuando supera determinado tamaño, desincentivando de esta forma el crecimiento empresarial.