• Álvaro Rodríguez Dapena, presidente de Puertos del Estado, ha expresado la unión del conjunto de los puertos españoles para reclamar modificaciones a la Directiva.
• La directiva supone la extensión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de CO2 de la UE (ETS por sus siglas en inglés) al sector marítimo con una aplicación progresiva en términos de pagos por derechos desde el próximo 1 de enero de 2023 
• El presidente de la Comisión de Puertos de Cámara de España, José Vicente Morata, propone reformular la Directiva

Madrid, 25/10/22. La Comisión de Puertos de la Cámara de Comercio de España ha compartido con el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, su preocupación ante el impacto que representa la entrada en vigor, desde el próximo mes de enero, de la nueva normativa europea de mercados de derechos de emisión para el transporte marítimo. Según está previsto y como parte del paquete ‘Fit for 55’, desde el próximo 1 de enero de 2023, se extiende al transporte marítimo el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de CO2 de la UE (ETS por sus siglas en inglés) para su aplicación progresiva en términos de pagos por derechos, hasta sus plenos efectos en 2026.
El presidente de la Comisión de Puertos, José Vicente Morata, ha puesto en valor el compromiso de la Cámara de España con los objetivos de descarbonización fijados por la Unión Europea y recogidos en el Pacto Verde Europeo, si bien ha defendido la necesidad de incluir medidas paliativas en la Directiva para preservar la competitividad de los puertos españoles y, de esta forma, la de las empresas y la economía nacional. No hay que olvidar que el 60% de las exportaciones de nuestro país salen por vía marítima.

Por su parte, el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, ha recordado las gestiones que ha realizado el Organismo Público que preside, junto con varios puertos españoles, para poner de relieve ante las instancias competentes el riesgo que supone la fuga de tráficos portuarios a países del entorno que no estén alineados con las medidas medioambientales propugnadas en la Directiva de la UE, sugiriendo la adopción de medidas transitorias y/o compensatorias.

Además, Rodríguez Dapena ha expuesto las implicaciones negativas que tendría la nueva normativa en la pérdida de conectividad del país, no sólo para los puertos de la UE, sino también para el conjunto del tejido industrial que se mueve en torno a los puertos, y para el conjunto de la economía española.

En efecto, los análisis efectuados en el seno de la Comisión de Puertos de Cámara de España apuntan a que de la entrada en vigor de la Directiva se derivará un desvío de rutas hacia puertos no UE para tratar de eludir el pago de los derechos de emisión. De esta manera se incentivaría el surgimiento de “paraísos de CO2”, generándose una fuga de emisiones de carbono desde la UE a países próximos. Un proceso, que, además, alargaría las rutas e incrementaría el uso del transporte de mercancías por carretera y/o cabotaje, lo que generaría un mayor volumen neto de emisiones y, por lo tanto, se alcanzaría el objetivo contrario al buscado con la nueva norma. 

De esta manera, y con el objetivo de prevenir efectos no deseados tanto para el medio ambiente como desde el punto de vista económico y comercial, la Comisión de Puertos de Cámara de España propone reformular la directiva en varios aspectos, entre ellos:

-Modificación de la definición de “Port of Call’, con el fin de evitar que una parada en un puerto de transbordo en un país no UE ‘ponga a cero’ el contador de CO2 de la travesía, minorando así desvíos de rutas a puertos limítrofes a la Unión Europea.

-Una transición más progresiva para rutas transoceánicas de más de 3.000 km, que evite el desvío hacia otros puertos no UE. 

-La puesta en marcha de un esquema de incentivos para operadores de rutas transoceánicas que realicen un número significativo de operaciones en puertos UE, de forma que frene el sobrecoste de los derechos de emisión y se evite así el cambio de rutas.