- Antonio Abril, presidente de la Comisión Universidad-Empresa, Ángeles Heras, secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, y Judith Saladrigas socia del Área de Innovación y Emprendimiento de RCD -
- José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España: “Debemos ser capaces de convertir la abundante y buena investigación que se produce en el sistema universitario español en valor productivo”
- Antonio Abril, presidente de la Comisión Universidad-Empresas: “España necesita transferencia tecnológica, porque necesita crear empleo y crecimiento económico”
- Ángeles Heras, secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación: “En España falta cultura emprendedora y ahí debemos incidir”
Madrid, 31/10//19. La Cámara de Comercio de España ha presentado hoy el informe “Avanzando hacia la economía del conocimiento”, impulsado por la Comisión Universidad-Empresa, que propone reformas legislativas para impulsar la transferencia de las investigaciones que se generan en la Universidad a las empresas para mejorar la competitividad de la economía española.
El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y el presidente de la Comisión Universidad-Empresa, Antonio Abril, han presentado el estudio, junto a Judith Saladrigas, socia del Área de Innovación y Emprendimiento de RCD, autores del informe.
En el acto, la secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, Angeles Heras Caballero, ha destacado que en España y, especialmente en el mundo científico, falta cultura emprendedora y ahí es donde hay que incidir. “Tenemos que fortalecer la colaboración público-privada y trabajar juntos para impulsar la innovación”.
El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha afirmado durante su intervención que la Universidad es el instrumento esencial para la formación del talento, “principal motor de desarrollo económico y social en una economía, por lo que debe existir una colaboración estrecha entre las empresas, y la Universidad, encargada de formar a las personas.”
“El problema surge cuando esta relación no es lo directa o intensa que debiera ser. De ahí que la transferencia del conocimiento sea una de las grandes asignaturas pendientes de la economía española. Debemos ser capaces de convertir la abundante y buena investigación que se produce en el sistema universitario español en valor productivo y, en definitiva, en desarrollo económico y social”, ha añadido.
Por su parte, el presidente de la Comisión Universidad-Empresa, Antonio Abril, ha destacado la necesidad que tiene España de impulsar la transferencia tecnológica “porque necesita crear empresas y generar más crecimiento económico”. En este sentido se ha referido a la “preocupación y ocupación” de las empresas españolas por la Universidad, que son conscientes que la transferencia tecnológica es la asignatura pendiente”.
En cuanto a las medidas para potenciar la transferencia tecnológica, ha destacado la necesidad de aumentar los incentivos para los universitarios a la hora de crear empresas de base tecnológica, potenciar las oficinas de transferencias de las Universidades o aumentar el tamaño medio de las empresas españolas. También se ha referido a la necesidad de dar mayor prioridad al sistema educativo y alcanzar un Pacto de Estado para aprobar una nueva Ley Orgánica Universitaria.
En la presentación del estudio han intervenido también Margarita Arboix, rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona; Montserrat Calleja, profesora de Investigación del Grupo de Bionanomecánica del Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC, y Miguel Angel Turrado, director general de HP SCDS.
Transferencia tecnológica: de lo público a lo privado
El informe, elaborado por RCD, señala algunas propuestas destinadas a dar un nuevo impulso a las políticas de transferencia, a la vez que se protege el interés público. Estas medidas inciden en distintos ámbitos del proceso y abarcan desde la protección del conocimiento de universidades y centros de investigación hasta el fomento e incentivación de la transferencia o la participación de investigadores en spin-off.
Así, en el ámbito de la protección del conocimiento de universidades y centro de investigación, el informe emplaza a que se pongan en marcha medidas encaminadas a reconocer que, por defecto, pertenecen a la entidad pública aquellos programas de ordenador generados por su personal investigador, por lo que se equipara el régimen aplicable a estas obras, sujetas a propiedad intelectual, con lo establecido en la Ley de Patentes.
Del mismo modo, se sugiere que se contemplen compensaciones económicas –de, como mínimo, un tercio de los beneficios derivados de la explotación de obras o patentes– para el personal investigador. En lo referente a patentes, se propone actuar sobre el procedimiento de comunicación de nuevas invenciones para eliminar el riesgo de pérdida de derechos de las universidades y proteger el patrimonio público.
Con el fin de fomentar e incentivar la transferencia, el estudio anima al legislador a aglutinar el régimen de transferencia en una única norma, con el objetivo de evitar ciertas duplicidades entre la Ley de Economía Sostenible y de la Ley de la Ciencia.
En el mismo sentido, se sugiere la posibilidad de promocionar actividades de transferencia a través de sociedades si existen ventajas económicas, de impacto social o de difusión.
Adicionalmente, se propone la creación de una plataforma estatal de difusión de las tecnologías generadas en centros públicos de investigación. Igualmente, el estudio solicita que permita elaborar una normativa que reconozca a la actividad de transferencia como concepto evaluable a efectos retributivos y de promoción.
Por último, para favorecer la participación de investigadores en empresas filiales o spin-offs, algunas de las recomendaciones recogidas en el informe inciden en suavizar los requisitos de participación de la entidad pública en la empresa filial, a cambio de compensaciones en caso de incremento de valor, o en implementar medidas que eviten el riesgo de huida de talento de las entidades públicas en el supuesto que ese talento esté obligado a elegir entre su puesto público o su participación en la spin-off. Asimismo, el estudio propone exigir que los acuerdos entre spin-offs y centros de investigación se suscriban en términos de mercado y velando por evitar potenciales conflictos de interés.