La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España (en adelante, “Cámara de España” o “CCE”), creada por la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación en sustitución del anterior Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, es el órgano de representación y coordinación de todas las Cámaras de Comercio territoriales ante instancias estatales e internacionales.
La Cámara de España es una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines que se configura como órgano consultivo y de colaboración con la Administración General del Estado, sin menoscabo de los intereses privados que pueda perseguir.
En ese ámbito de colaboración con la Administración, la Cámara de España ha sido designada como Organismo Intermedio en el Programa Operativo de Empleo Juvenil FSE 2014-2020 (POEJ), en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020 (POEFE) y en el Programa Operativo FEDER “Crecimiento Inteligente” 2014-2020 (POCInt), asumiendo las funciones correspondientes.
Una de las principales obligaciones de los Organismos Intermedios es reforzar, dentro del ámbito de sus competencias, la política antifraude en el desarrollo de sus funciones. Por ello, la CCE, en tanto Organismo Intermedio y colaborador de la Administración General del Estado, quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas. Todos los miembros de su equipo directivo asumen y comparten este compromiso. Por ello, la Cámara de España emite la presente declaración, que emana de la propia declaración de las Autoridades de Gestión de los fondos comunitarios.
Por otro lado, la CCE se compromete a (i) velar por los intereses generales, con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; y (ii) actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.
Con ese compromiso, la Cámara de España se propone promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, mediante el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos.
Las funciones asumidas por la CCE en materia de riesgo y fraude, en su calidad de Organismo Intermedio, se materializan en la creación de un equipo de evaluación de riesgos, para la revisión y actualización periódica de las medidas destinadas a la prevención, detección, corrección y persecución del fraude, así como el seguimiento de sus resultados. El equipo de evaluación de riesgos informa y eleva sus conclusiones y propuestas a la Dirección General de la Cámara de España. El equipo de evaluación de riesgos está integrado por un representante de las Direcciones de Competitividad, Internacional, Financiero, Auditoría Interna y Jurídico de la CCE. También cuenta con la colaboración de los diferentes responsables y gestores de procesos para asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida diligencia en la implementación de medidas correctoras.
La CCE dispone de un sistema informático de registro y almacenamiento de datos contables relacionados con cada una de las operaciones que ejecuta en el ámbito de su competencia en el marco del Programa Operativo correspondiente, procediendo a la recopilación de los datos sobre la ejecución necesarios para la gestión financiera, el seguimiento, las verificaciones, incluyendo las referidas a la lucha contra el fraude, las auditorías y la evaluación.
La CCE ha puesto en marcha medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude, basadas en la experiencia obtenida en períodos anteriores y en la reciente evaluación del riesgo de fraude realizada al efecto. Adicionalmente, cuenta con procedimientos para denunciar aquellas irregularidades o sospechas de fraude que pudieran detectarse, bien a través de los canales internos de notificación, bien directamente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Todos los informes se tratarán en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas que regulan esta materia.
En definitiva, la CCE tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse.
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Madrid, a 28 de septiembre de 2017