Una de las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar las consecuencias económicas del COVID-19 es la puesta a disposición de avales públicos de hasta 100.000 millones de euros para garantizar la liquidez de las empresas y evitar que compañías viables se vean perjudicadas por esta crisis.

El Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo “COVID-19”, de acuerdo con las reglas de facilitación de liquidez para pymes y autónomos, contempla una serie de medidas para la flexibilización en el pago de impuestos para pymes y autónomos.

Las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 están siendo especialmente graves para los autónomos.