Por segundo año consecutivo, la economía española ha registrado un incremento en el número de empresas activas, tras los seis ejercicios de descenso continuado iniciados en el año 2008. A finales de 2015, según el Instituto Nacional de Estadística, existían en España 3,24 millones de empresas, 48.000 compañías más que en el año anterior. El análisis en detalle de estas cifras permite identificar algunas pautas relevantes.

En primer lugar, nuestra base empresarial se caracteriza por el predominio relativo de las compañías de menores dimensiones. Las microempresas (de 0 a 9 empleados) suponen el 95,9% del tejido de empresas, más de tres puntos porcentuales por encima de lo estimado para la Unión Europea.

Un segundo hecho a resaltar es que, a pesar del destacado protagonismo de la pyme en la estructura empresarial (99,9% del total de empresas tienen menos de 250 trabajadores), su importancia relativa en términos de empleo es significativamente menor: las pymes concentran el 61,8% del empleo, correspondiendo el 38,2% restante a las grandes empresas. Muy vinculado a este hecho, la empresa española cuenta con 9,6 trabajadores en promedio (2,6 en el caso de las microempresas), ratio inferior a la observada en los países de nuestro contexto.

En tercer lugar, si bien las tasas de creación y destrucción de empresas no son particularmente distantes de las correspondientes a otros países comunitarios, lo cierto es que la supervivencia a largo plazo es ligeramente inferior. De modo ilustrativo, en el año 2015 se crearon 380.000 compañías (10,6% del total), la inmensa mayoría pequeñas, mientras que alrededor de 332.000 firmas dieron de baja su actividad en el periodo (9,3% del total). Al tiempo, únicamente el 15,9% de las empresas españolas existían hace 20 o más años.

Como cuarto aspecto subrayable, las ramas de servicios (comerciales, turísticos, financieros, inmobiliarios, logísticos, informáticos,…) acaparan la gran mayoría de las empresas españolas, el 81,4% de la suma total, frente al 12,6% de compañías del sector de la construcción o el reducido 6,0% correspondiente a las firmas industriales. Esta clasificación se invierte al estudiar el tamaño empresarial medio a nivel sectorial. Las compañías industriales emplean a un promedio de 17,1 trabajadores, frente a los 9,6 empleados de las empresas de servicios o los 5,7 de las actividades de construcción.

En quinto y último lugar, nuestras compañías son menos productivas que las de nuestros principales socios económicos, circunstancia especialmente evidente entre el colectivo de pymes. Ello, pese al aumento en la productividad por trabajador experimentado desde el año 2007, evolución muy vinculada a la destrucción de empleo durante la crisis económica y a la reasignación interna de puestos de trabajo en las empresas en el periodo.

España cuenta actualmente con un tejido de empresarial dinámico, y una evolución demográfica y densidad empresarial equiparables a los parámetros de nuestro entorno, pero adolece de un excesivo peso de las compañías de menor tamaño, especialmente microempresas, y unas productividades y tasas de supervivencia menores que las de las economías más avanzadas.

El desarrollo y la competitividad de una economía están directamente condicionados por la densidad y fortaleza de su tejido empresarial. No en vano, la existencia de un empresariado dinámico permite la asignación eficiente de los recursos productivos y estimula la implantación en el seno de las compañías de prácticas impulsoras de la productividad, como la innovación, la formación o la internacionalización.

Sobre esta base, y en un marco de estabilidad económica e institucional como necesaria condición de partida, es posible identificar dos ámbitos que demandan actuaciones para impulsar la eficiencia de nuestras empresas y, por ende, el progreso colectivo: la regulación y los recursos.

En materia regulatoria, tanto el inicio como el cese de la actividad empresarial implican ciertos costes que influyen decididamente sobre las tasas de creación y destrucción de empresas, pudiendo sesgar las decisiones de inversión en detrimento de la asignación más eficiente. Del mismo modo, la existencia de determinados umbrales administrativos, de tipo fiscal, laboral o mercantil, pueden condicionar persistentemente la transmisión o el crecimiento del tamaño de las empresas de modo ficticio.

Desde la perspectiva de los recursos, tanto su cuantía como su calidad y gestión indudablemente influyen en la productividad empresarial. La capacidad de acceso a la financiación, y las condiciones de ésta, determinan el potencial del emprendimiento y la capacidad de la empresa para abordar nuevos proyectos o expandir su actividad. Asimismo, la mejora en la capacitación profesional de los recursos humanos, la apuesta por la innovación, la digitalización y la internacionalización, o la inversión en activos intangibles como la reputación y la marca, son premisas básicas para disponer de un tejido empresarial moderno y competitivo.

En definitiva, el reciente aumento de la base empresarial de nuestro país es positivo y necesita consolidarse durante los próximos años. No obstante, es preciso introducir mejoras insoslayables en el ámbito del contexto regulatorio y de los recursos empresariales, que posibiliten el crecimiento del tamaño medio, una mayor supervivencia empresarial, eficiencia en la asignación y, en suma, capacidad competitiva. España necesita empresas más productivas y dinámicas para transitar con firmeza durante los próximos años por la senda del crecimiento económico sostenido, la creación de empleo de calidad y el progreso colectivo.